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Hoy el Senado de la República votará el proyecto de ley propuesto por el Senador Juan Manuel Galán para regular la marihuana medicinal en Colombia. Ésta seguramente será la noticia que cubrirá la mayoría de los diarios y noticieros. El país guardará con expectativa el resultado del debate. Los contradictores intentarán despertar los temores y prejuicios; aquellos que están a favor se tendrán que enfrentar con los mitos y con los miedos. En un país golpeado por el narcotráfico, algunos se aferrarán a la prohibición; regular para ellos sería dar el brazo a torcer ante los criminales. Para otros, es justamente la cuota altísima de violencia y sangre que ha estimulado la guerra contra las drogas, la que obliga a buscar maneras más eficientes y menos dolorosas de enfrentar este problema.

En medio de la intensa discusión estarán aguardando los pacientes, las personas que podrían beneficiarse de la regulación, quienes - hasta hoy - han tenido que acudir al mercado negro o informal para tener acceso al cannabis y sus derivados. En Colombia hay una demanda y oferta creciente de todo tipo de productos derivados de la marihuana, que han estado al margen del control del Estado. De acuerdo a Julián Quintero, director de la Corporación Acción Técnica Social (ATS), hasta el 2011 había tres marcas de productos de cannabis; en los últimos cuatro meses él ha conocido de manera directa cuatro nuevas etiquetas.

Lo cierto, como afirma Quintero, es que nadie sabe bien quién está produciendo gran variedad de ungüentos, pomadas, aceites y hierbas. No hay control de calidad, seguimiento y acompañamiento. Así como hay organizaciones y profesionales que en medio de las zonas grises de la legislación han comenzado a acumular conocimiento empírico en la materia, también se encuentran timadores que ofrecen tratamientos milagrosos, atribuyéndole todo tipo de propiedades al cannabis.

Aún más grave es el hecho de que personas que han optado por el uso medicinal de la marihuana acudan a un mercado criminal, que ya de hecho con el uso recreacional está ganando mucho dinero - alrededor de 139 millones de dólares anuales, según las estimaciones del Ministerio de Justicia. La informalidad, el mercado negro y narcomenudeo son las opciones a las cuales están expuestas personas que buscan aliviar el dolor de enfermedades crónicas - luego de haber intentado sin éxito múltiples medicamentos.

Lo paradójico es que la Constitución y la legislación colombiana permite el uso de la marihuana para fines medicinales y científicos. En otras palabras, oponerse a la regulación es pasar por alto la normativa interna. La Carta Magna es clara en su artículo 49 (modificado por el acto legislativo No.2 de 2009): “El porte y consumo de sustancia estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”. Adicionalmente el artículo 3 de la Ley 30 de 1986 establece: “La producción, fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de estupefacientes, los mismo que el cultivo de plantas de las cuales éstos se produzcan, se limitará a los fines médicos y científicos, conforme a la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Salud”. Usted puede estar de acuerdo o no con el uso de la marihuana medicinal, pero hay un hecho difícil de controvertir, hace 28 años está permitido.

¿Por qué entonces no se ha avanzado en la regulación? Y ¿Cuál es la importancia del debate actual y la votación que tendrá lugar hoy en el Senado? En los últimos meses he escuchado todo tipo de interpretaciones y argumentos. Créanme, resulta difícil explicarle hoy a la madre de un niño que tiene epilepsia refractaria y que encontró en el cannabis una opción real que le ha dado calidad de vida a un menor que sufría decenas de episodios al día, que el Estado no ha asumido la responsabilidad que indica la ley.

Claro, también se podría argumentar que ha faltado una ciudadanía activa que demande el cambio o que los interesados han optado por saltarse los trámites burocráticos– los trámites con el INVIMA, las autorizaciones del Consejo Nacional de Estupefacientes y uno que otro requisito más. Probablemente todas las versiones tienen algo de razón. Pero no deja de llamar la atención el largo silencio – acompañado de una notable desconocimiento- sobre este tema, así como la sorprendente oposición de un grupo de congresistas y funcionarios, que al margen de su responsabilidad pública privilegian su opinión personal por encima de lo que está escrito en la ley.

En privado he escuchado varias veces decir a políticos de distinto tinte, que mostrarse a favor de la regulación o un cambio en legislación actual resultaría costoso para sus carreras políticas – no es “rentable” insisten. Bajo el estigma de ser una sociedad religiosa y conservadora – sea lo que sea que eso signifique -, hay voces que se alzan para defender y proteger los valores de la familia. Una reciente encuesta realizada por Datexco, por encargo de la Fundación Ideas para la Paz, cuestiona este argumento: 64% de las personas encuestadas “apoyaría la marihuana para usos medicinales” – y en ciudades como Cali este porcentaje llega hasta el 69%.

La discusión actual no debería entonces centrarse en permitir o no el uso de la marihuana medicinal o si dar el paso a la regulación, sino en cómo hacerlo. De nuevo en el centro deben estar las personas que podrían beneficiarse del acceso al cannabis, especialmente aquellos que enfrentan enfermedades crónicas.

Esto exige además hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar la desviación hacia otro tipo de usos y poblaciones, especialmente los menores de edad. Hay temores de que el uso de marihuana medicinal envié un mensaje equivocado a los adolescentes, aumentando el riesgo de uso. No hay que inventarse la verdad, y hacer la tarea. Hasta ahora no hay evidencia alguna de que esto haya sucedido en los lugares donde se ha avanzado por este camino. En todo caso, está es una preocupación que debería ir más allá de la discusión sobre la regulación, teniendo en cuenta que uno de cada dos ciudadanos afirma que es fácil conseguir esta droga – con todo y prohibición.

Dada esta realidad, los legisladores hoy tienen dos opciones. Llegar a un acuerdo sobre los principios que deberían guiar la regulación –debatiendo activamente el proyecto de ley que daría el impulso necesario– o hundir la iniciativa haciendo caso a sus temores. El problema de fondo es de quién dependerá el acceso a la marihuana para usos medicinales: del Estado, los criminales o los especuladores. Sin la regulación, seguiremos por donde vamos: los pacientes a su propia suerte y quienes pueden tomar decisiones haciéndose los de la vista gorda.

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