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Cómo llegamos a este punto que cada vez nos recuerda más la época de Somoza, se explica en buena medida por el fracaso de la transición democrática. Después de la derrota electoral del modelo revolucionario en 1990, se promovieron ambiciosas reformas políticas y de mercado con el respaldo de la comunidad internacional. Sin embargo, el nuevo proyecto democrático encarnando la separación de poderes y la modernización de las leyes y las instituciones, no logró echar raíces políticas propias y a la larga fue revertido por la contrarreforma de los caudillos tradicionales. En el año 2,000, un pacto fraguado entre el entonces presidente Arnoldo Alemán y el líder de la oposición sandinista Daniel Ortega, sometió a todas las instituciones al control partidario. En la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Fiscalía y en la Contraloría, surgieron bancadas partidarias, sepultando la embrionaria autonomía institucional. En realidad, lo que falló no fue el diseño de las leyes sino la política, los partidos y sus líderes, mientras la economía se quedó a la zaga con una lenta recuperación sin lograr un impacto significativo en la pobreza masiva y el desempleo. 

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