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Revocación de Mandato: Evaluando su origen, propósito y posibles consecuencias

Samantha Kane Jiménez

Este 10 de abril, los mexicanos enfrentan una serie de decisiones críticas para el bienestar de la democracia de nuestro país. Antes de poder siquiera considerar las opciones que ofrecerá la papeleta de la Revocación de Mandato, aquellos que se preocupan por el bienestar de la democracia y la estabilidad política en México deben decidir si participar en el supuesto ejercicio de democracia directa o abstenerse como forma de protesta. De cara a la consulta, están obligados considerar los motivos que impulsan a este proceso, los riesgos que conlleva y las posibles consecuencias.

Primero, es importante entender el origen de la Revocación de Mandato. Históricamente, el ímpetu de la oposición ha sido lo que impulsa el desarrollo democrático mexicano. En esta ocasión, ha sido el mismo gobierno morenista quien ideó y ratificó la Ley de Revocación de Mandato en agosto de 2021 bajo el pretexto de integrar al sistema político un peso y contrapeso adicional que esté completamente en manos de los ciudadanos.

La ley requiere que los ciudadanos, no un partido o gobernante, consigan que un 3% de la lista nominal electoral en mínimo 17 entidades federales (unos 2.5 millones de votantes) firme una petición. Aunque Instituto Nacional Electoral (INE) validó más de 11 millones de peticiones en diciembre de 2021, la convocatoria la organizaron servidores públicos e individuos asociados con Morena, no un grupo de sociedad civil independiente. Esto no solo constituye una posible violación constitucional, sino también confirma que el novedoso ejercicio se estableció por motivos sumamente politizados.

A la vez, el mismo congreso que decretó la Ley de Revocación de Mandato le redujo el presupuesto al INE, aparato que organiza la consulta, por un monto de 5 mil millones de pesos, equivalente al costo estimado de la consulta de revocación de mandato. El recorte presupuestal fue avalado por la Suprema Corte de Justicia, que le recomendó al aparato electoral solicitar fondos adicionales a la Secretaría de Hacienda, petición que prontamente fue rechazada. Tal incongruencia de exigir una consulta pero negar el financiamiento necesario para realizarla también sugiere un estilo de juego sucio.

Por ende, hace falta examinar a detalle el propósito implícito de este proceso. En teoría, este proceso de democracia directa es el primero en brindarle al electorado mexicano un mecanismo para remover a un presidente por falta de confianza pública. No obstante, AMLO cuenta con niveles de aprobación por encima de cualquiera de sus predecesores y en pocas ocasiones por debajo de 60%, eliminando la necesidad de organizar una campaña costosa y aparatosa. En efecto, al menos que una porción significativa de la oposición y una porción mínima del bando pro-AMLO salgan a votar, es altamente probable que los resultados salgan a favor del presidente, sean o no vinculatorios.

Pero ¿vale la pena tanto alboroto simplemente para recalcar su aprobación pública y supuestamente poner el ejemplo para futuros mandatarios? Un gobierno no invertiría tanto tiempo, dinero ni inercia política en un proceso que ponga a su fuente de poder en riesgo; tampoco lo haría sin expectativas de lucro político.

Entonces, ¿qué más espera ganar AMLO este 10 de abril? Para contestar esa pregunta, se tiene que evaluar las posibles consecuencias de la consulta y apreciar que cada alternativa conlleva oportunidades políticas para el presidente.

El escenario menos turbulento consiste de resultados a favor de AMLO con una participación electoral por debajo del 40% de la lista nominal. En esta situación, el presidente ganaría en términos estéticos y retóricos: celebraría el triunfo y en base a él argumentaría que, si no fuera por el fracaso del INE y los intereses interpuestos de la oposición neoliberal, un resultado vinculatorio habría salido a su favor.

En escenario un poco más tenso, los resultados en contra de AMLO no atienen el umbral de participación necesario, enfureciendo a AMLO lo suficiente como culpar al INE por la falta de participación y descartar los resultados por eso mismo. Los ataques en contra del INE bajo estas circunstancias podrían agudizarse. AMLO podría calumniar al aparato electoral a tal grado que demande su disolución. Sin embargo, este escenario no es el más preocupante.

Un resultado vinculatorio, en cualquier dirección, traería riesgos a la democracia mexicana. Si más del 40% del electorado mexicano participa en la consulta del 10 de abril, las consecuencias menos severas surgirían de un resultado a favor del presidente, pero conllevarían riesgos significativos. AMLO podría pescarse de resultado vinculatorio positivo para justificar cualquier maniobra política bajo el pretexto de que México lo respalda – especialmente si sostiene altos niveles de aprobación. Podría incluso tergiversar tal resultado para extender su mandato presidencial. Por supuesto, esto queda por encima de la ley, pero el peligro de esta alternativa es que le abriría las puertas para ir debilitando y desmoronando las instituciones democráticas, socavando a los controles y contrapesos del sistema político mexicano paulatinamente hasta obtener control absoluto.

Aún peor, un resultado vinculatorio negativo podría quebrar el régimen democrático mexicano que hemos construido ladrillo por ladrillo durante más de medio siglo. Si el electorado decide de manera contundente que el presidente debe darse de baja, es poco probable que AMLO acceda. El presidente que tiene tanta experiencia acusando a sus oponentes de fraude electoral ahora cuenta con el respaldo de una mayoría legislativa, de su propio partido político (que es joven pero fuerte), de las Fuerzas Armadas Mexicanas y de la mayoría de los mexicanos (según las encuestas). Un hombre así no suelta el poder por más democrático que se jacte, en especial si la pregunta en la papeleta condiciona su revocación en la “pérdida de la confianza.” En este escenario, México entraría en una crisis constitucional que gestionaría un Congreso sesgado y tenso e implementaría un aparato militar sumamento dispuesto a actuar. Bajo estas circunstancias, la fragil democracia mexicana fácilmente podría desmoronarse, naufragando el futuro políticio de México en un mar de incertidumbre.

Si bien, ojalá México algún día llegue al punto en el que sus dirigentes gubernamentales tomen parte activa en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones y procesos democráticos del país, pero sería un error asumir que nuestro ámbito político ya haya atenido ese nivel de madurez. Los argumentos morenistas de que “el pueblo pone y el pueblo quita” meramente usan la democracia como excusa para mobilizar a su base partidista con fines de acrecentar su control político.

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Samantha Kane Jiménez

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Program Assistant, Mexico Institute
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