Durante el periodo que abarca los días del 21 al 30 de mayo de 2017, viajé con mi colega Eric Olson, director asociado del Programa Latinoamericano del Centro Woodrow Wilson, a las ciudades de San Pedro Sula, Choloma, El Progreso y La Ceiba para documentar la situación de violencia e inseguridad en estas regiones; analizar la operación de las maras y pandillas, así como sus vínculos con otros grupos delincuenciales—incluyendo delincuencia común y delincuencia organizada transnacional; y evaluar los avances en materia de reducción de la violencia por parte de las autoridades, así como el papel de la sociedad civil. Para ello, fue necesario realizar una evaluación de la situación política, socioeconómica y de seguridad general en el país. Algunas de las ciudades visitadas se encuentran entre las más violentas, no sólo de Honduras, sino de todo el hemisferio occidental. Las altas tasas de homicidio, la extorsión, el narcotráfico y el control de gran parte del territorio por parte de las maras y pandillas dificultan enormemente el desarrollo armónico de las comunidades y se constituyen como las causas principales del desplazamiento forzado interno y la fuerte emigración hacia otros países, sobre todo a los Estados Unidos de América.
 
En el marco de la visita, se realizaron entrevistas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de riesgo por presencia de pandillas y crimen organizado, autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Platicamos con miembros de la Policía Nacional; representantes del poder judicial; líderes empresariales; voluntarios y coordinadores de proyectos comunitarios para prevenir y erradicar la violencia; académicos y especialistas en temas de violencia, seguridad y delincuencia organizada; personal que labora en centros penitenciarios e individuos “privados de libertad”; así como con ciudadanos que viven y trabajan en las comunidades antes referidas y que experimentan día a día los efectos de la inseguridad, la corrupción, la ausencia de Estado de Derecho y la concentración del poder público. Se visitaron dos de las regiones más violentas de Honduras—y de nuestro continente—ubicadas en el departamento de Cortés: Choloma y el sector Rivera Hernández en San Pedro Sula. Finalmente se hizo una visita al interior de los dos centros penales de La Ceiba: el centro penal en el Barrio Inglés (para delitos menores) y la Granja Penal de El Porvenir.
 
El presente informe incluye algunas reflexiones sobre los temas de nuestro interés y se divide en dos partes. La primera parte mantiene un enfoque en la niñez y la juventud, así como en los esfuerzos para prevenir y reducir la violencia en regiones de alto riesgo o fuerte presencia de maras y pandillas. La segunda parte analiza fundamentalmente los temas de narcotráfico, corrupción, la pérdida del monopolio del uso legítimo de la violencia y la vida en los centros penitenciarios. Ambas secciones se desarrollan en espacios de elevados niveles de inseguridad, control de amplios territorios por parte de las maras y pandillas, tráfico de drogas y falta de Estado de Derecho. En la parte final del documento se abordan los temas de migración, drogas y pérdida de control por parte del Estado, y para terminar se hace una reflexión sobre el problema que parece ser el principal en Honduras: los elevados niveles de corrupción en distintos ámbitos de la vida en este país.

 

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