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La sensación de inseguridad, la percepción de baja efectividad gubernamental y el aumento de la violencia como medio de resolución de todo tipo de conflictos son elementos comunes del diario vivir de los latinoamericanos.  Desde inicios de los 90s la mayoría de los países de la región ha experimentado incrementos en sus tasas de homicidio o en sus niveles de victimización, ha visto limitados los espacios urbanos considerados seguros y ha enfrentado un aumento de la desconfianza en la policía y la justicia. Todo lo anterior marca un contexto de especial complejidad donde los ciudadanos reclaman por acción, por resolución de los problemas y por protección “acá y ahora” frente a los hechos de criminalidad que los afectan de forma permanente.

La emergencia del tema no lo es solo por su magnitud sino también por su temporalidad. De hecho para las democracias latinoamericanas la problemática de la criminalidad a fines de los 80s era considerada un problema policial y de la justicia donde la experticia estaba centrada en el saber jurídico o normativo. Los avances desde ese entonces, pese a ser principalmente discursivos, no han sido menores. (i) El crimen pasó de ser un problema considerado policial a uno integral y multisectorial. (ii)  La prevención dejó de ser entendida como presencia policial y se convirtió en pieza fundamental de las políticas públicas. (iii) La reforma de la justicia se convirtió en pieza medular de los procesos de modernización. (iv) La transparencia y la rendición de cuentas pasaron a formar parte de los elementos mínimos requeridos en el trabajo policial. Pero son aún en muchos países avances sólo narrativos que no se condicen con las prioridades de inversión pública, ni con las formas como se diseñan, implementan y mucho menos evalúan, las políticas.

En este contexto, la politización del fenómeno criminal se ha convertido en la forma como muchos enfrentan un problema que por su magnitud parece en algunos casos invencible. La política de la seguridad ciudadana sigue así instalada en los espacios del debate electoral donde se proponen iniciativas pensando en lo que la audiencia quiere más que en lo que es viable. Así se multiplica el llamado populismo penal que, sin centrarse en evidencia alguna, propone soluciones generalmente castigadoras en busca de la aceptación popular. De igual forma, ante la aparente incapacidad policial para enfrentar el crimen, diversos gobiernos han optado por la militarización del patrullaje e incluso de la prevención. No hay evidencia clara que estas iniciativas traigan resultados concretos pero sin duda apelan al reconocimiento que tienen los latinoamericanos sobre el accionar de las Fuerzas Armadas y su posición de fuerza frente al crimen y la ocupación del espacio público.

Para complejizar aún más la situación, en muchos países las políticas van a ciegas. Los datos no son totalmente confiables, la información no está al día, no se publica o no muestra el flujo completo del problema. Por ende priorizar, focalizar y definir las políticas más idóneas es un  anhelo a veces esquivo para los funcionarios públicos. Para enfrentar esta situación, muchos países están desarrollando sistemas de sistematización de información que les permitan mejorar la toma de decisiones y adicionalmente evaluar su impacto. Los avances son aún tímidos pero permiten vislumbrar un futuro de mejor conocimiento y calidad en la información.

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