Homicides have been increasing (and unfortunately this trend will continue) because the federal government has decided to continue with a militarized security policy that is generated “from the top”, and that addresses the consequences/the symptoms and not the structural causes of the violence and insecurity in the country. Specifically, homicides have increased to historical levels in 2017 because: a) Confrontations for territorial control and expansion continue between big drug cartels; 2) Confrontations between organized crime members and state agents (army, marines, federal police) are becoming more and more frequent; 3) Organized crime is attacking and “eliminating” members of civil society (journalists, social leaders, and citizens in general) more frequently; 4) There is a greater number of violent confrontations among citizens (organized or not) such as self-defense groups and criminal gangs; and 5) Murdered innocent civilians have become collateral damage at the hands of state security forces.

I would highlight that the militarization of public security forces has had the greatest impact on increase in homicides. Assigning public security tasks to the armed forces has contributed to rising lethality rates because these security agents are not trained to stop or monitor criminal activity, but to defend the state and to take out the enemy. Catalina Pérez Correa has shown that the Army’s lethality level is 10.4 civilian deaths for one soldier, and even greater involving interventions by the Marines, where lethality rates rise to 18.8 civilian deaths for each marine killed. When the Federal Police is in action, the proportion is 6.6 for one officer.

What should the Mexican government do about it?

The security policy implemented until now has to change; it has failed in every aspect and has aggravated the spiral of violence and insecurity in the country. Policy must be long-term, integral, and state (not government) driven.  It must address the causes of violence, such as corruption, impunity, and social-economic inequality. There must be investment to design “bottom-up” security policies to include the voice and needs of those who suffer violence. Prevention policy must be constructed to include the target population, and especially to contribute to rebuilding the social fabric. In this context, pursuing a “war” strategy must be replaced with strategies to strengthen state institutions and their relations with civil society.

Among the long-term policies, I would highlight the formation of a civilian police that is professional and oriented toward the community that builds trust and increases its proximity to the citizenry, and where the priority is human safety.
The state should prioritize the institutional development of autonomous citizen oversight organizations and strengthened their ability to monitor security forces.  Additionally the state should reinforce among security forces the importance of investigating and preventing crime.

Respect for the rule of law should be encouraged among citizens and public officials, for instance by promoting a culture of lawfulness campaigns.

Finally, sources of criminal power must be weakened: combating money laundering, drug and firearms trafficking are among the most important.

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Los homicidios han crecido (y lastimosamente continuará esta tendencia) porque el gobierno federal ha optado por continuar con una política de seguridad militarizada que es generada "desde arriba", y que enfrenta las consecuencias/los síntomas y no las causas estructurales de la violencia e inseguridad en el país. Concretamente, en el 2017 han aumentado los homicidios con records históricos porque: a) Continúan los enfrentamientos entre los grandes Cárteles de la droga por su control territorial y su expansión; 2) Hay enfrentamientos cada vez más frecuentes entre miembros del crimen organizado y los agentes del Estado (militares, marinos y policía federal); 3) El crimen organizado está atacando y "eliminando" con mayor frecuencia a miembros de la sociedad civil (periodistas, líderes sociales y ciudadanos en general); 4) Hay un mayor número de enfrentamientos violentos entre ciudadanos (organizados o no) p. e. autodefensas, bandas criminales y 5) Agentes de seguridad del Estado han asesinado como daños colaterales a ciudadanos inocentes.

Resaltaría que el impacto más grande en el alza de homicidios se debe a la militarización de la seguridad pública. Al asignar esta función a los militares, y más frecuentemente a los Marinos, los índices de letalidad se han disparado debido a que estos cuerpos de seguridad no están entrenados para detener ni vigilar a los probables criminales sino para defender al Estado y eliminar al enemigo. Catalina Pérez Correa ha demostrado que el nivel de letalidad del Ejército cuando ataca es de 10.4 muertos civiles por un militar, pero más grave aún es cuando intervienen los Marinos, en donde la letalidad se dispara a 18.8 muertes por un marino. Con la Policía Federal la proporción es de 6.6 por 1.

¿Y qué debería hacer el gobierno mexicano al respeto?

Definitivamente tiene que cambiar la política de seguridad implementada hasta ahora, la cual en todos sentidos ha fracasado y ha agravado el espiral de violencia e inseguridad en el país. Se tienen que pensar en políticas de Estado (no de gobierno), integrales y de largo plazo que vayan a las causas que generan la violencia como la corrupción, la impunidad y la inequidad socio-económica. Se tiene que invertir en el diseño de políticas de seguridad de "abajo hacia arriba" para que se incluya la voz y las necesidades de las personas que viven la violencia.  En este sentido, se debería generar políticas de prevención que incluyan en sus distintos ciclos a la población beneficiada/destino, y que sobre todo contribuya a la reconstrucción del tejido social.  En síntesis, se debe dejar de implementar tácticas de guerra para emprender estrategias de fortalecimiento de las instituciones del Estado y de su relación con la sociedad civil.

Entre las políticas de largo plazo destacaría la formación de una policía civil, profesional y orientada a la comunidad, que refuerce la confianza y la cercanía con la ciudadanía y sus necesidades de seguridad humana prioritarias.

Institucionalmente, en el Estado se debería de fortalecer órganos autónomos y preferentemente ciudadanos para el monitoreo de acciones en materia de seguridad y reforzar los servicios de inteligencia para investigar y prevenir conductas delictivas.

También se debería fomentar entre la ciudadanía y los servidores públicos campañas de respeto a la legalidad y el fomento del Estado de Derecho en general.

Finalmente, se deben debilitar las distintas fuentes de poder de los criminales: Lavado de dinero, control de tráfico de armas y drogas, entre las más importantes.