Resumen Ejecutivo

Este reporte estudia los efectos que el incremento en el uso del fentanilo en Estados Unidos tiene en áreas productoras de opio en México. Al usar los datos cuantitativos disponibles sobre la producción mexicana de opio e investigación de campo cualitativa de las comunidades productoras de opio en Nayarit y Guerrero, este documento muestra hasta qué punto ciertos pueblos en el Triángulo Dorado, y también en Guerrero, Nayarit y Oaxaca, dependen de la producción de opio para sobrevivir.
Los autores estiman que la economía del opio aportó alrededor de 19 mil millones de pesos (mil millones de dólares) a algunas de las comunidades más pobres de México en 2017. Esto es casi el triple de la producción agrícola legal de todo el estado de Guerrero. Aproximadamente hasta 2017, los productores de opio en México ganaban en promedio unos 20,000 pesos (1,050 dólares) por kilo de opio en bruto, y ciertas familias podían generar ingresos de hasta 200,000 pesos (10,500 dólares) al año.
Con el aumento en el uso del fentanilo, le demanda de heroína en México ha disminuido fuertemente, Esto ha afectado directamente a los productores de opio. Ahora los agricultores reciben entre 6,000 y 8,000 pesos (315-415 dólares) por kilo de opio en bruto. Estas pérdidas han ocasionado la desaparición de sus ganancias, el deterioro de la economía de los pueblos y el incremento de la emigración.
Estas conclusiones tienen importantes implicaciones para la seguridad pública en México y ramificaciones significativas para los esfuerzos internacionales contra las drogas. Los grupos criminales en México son flexibles y se adaptan al cambio. Si estas tendencias se mantienen en los próximos años, estos grupos pueden seguir dominando las regiones donde se cultiva la amapola mediante otras industrias, incluyendo la explotación forestal ilegal, la minería ilegal o la producción de drogas sintéticas.
La legalización y la sustitución de cultivos se han contemplado como posibles alternativas, pero no deben verse como soluciones mágicas. Sin embargo, con la investigación y el manejo adecuados, ambas políticas podrían implementarse de manera relativamente barata y eficaz. Al menos al inicio, debilitarían el control de los grupos de crimen organizado en estas regiones y los agricultores estarían en mercados internacionales legales. Junto con otras políticas de seguridad más amplias, podrían integrar a estas áreas marginadas al país de forma definitiva.
Para resolver esta crisis hace falta investigación más profunda y enfocada a la política en México. Es urgente diseñar políticas basadas en conocimiento sólido y actualizado de las dinámicas locales de violencia en el país. Cualquier respuesta política debe basarse en más investigación y mejores diagnósticos de las regiones más críticas de producción de opio en el país.
Los funcionarios mexicanos y las agencias internacionales de ayuda deben trabajar juntos para fortalecer programas que promuevan oportunidades de desarrollo económico y sustitución de cultivos a largo plazo. Políticas así se necesitan urgentemente para fomentar la transición de los productores agrícolas a cultivos legales y localmente sustentables e industrias alternativas.
Las propuestas recientes sobre la legalización del opio para la industria farmacéutica deben ser seriamente consideradas. Sin embargo, la legalización sólo resolvería parte del problema, ya que la demanda mexicana de opioides legales es mucho más baja que la producción ilegal actual. Por lo tanto, la solución debe articularse tanto a nivel nacional como a nivel internacional para lidiar simultáneamente con la oferta y la demanda.