Cambio de paradigma en las políticas migratorias: una visión hacia la integración de las poblaciones migratorias

              La tragedia en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo, en la cual murieron 39 migrantes calcinados provenientes de Centroamérica en un centro del Instituto Nacional de Migración, es un llamado de auxilio a la comunidad internacional. Las políticas públicas que se han implementado durante los últimos 20 años erróneamente afrontan la migración como un fenómeno pasajero. En el año fiscal 2021 hubo poco más de 1,7 millones de encuentros con migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México y en año fiscal 2022 se registró un incremento de aproximadamente 41%, con casi 2,4 millones de encuentros con migrantes en la frontera. Hoy en día, al caminar por las calles del centro de Ciudad Juárez, se pueden ver migrantes intentando integrarse en la sociedad y economía mexicana, al no poder ingresar a los EEUU. 

              Es necesario cementar un cambio de paradigma en el cual las políticas publicas migratorias reflejen la realidad de la migración en el hemisferio occidental. Cualquier política pública que contemple la idea que los flujos migratorios actuales desaparecerán en los próximos años es obsoleta. La Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles, firmado por los EE. UU. y otros países del hemisferio es una muestra de la importancia que los 21 gobiernos firmantes le han puesto para desarrollar una estrategia migratoria segura y ordenada, con un enfoque de protección y cooperación multilateral. Los cuatro pilares fundamentales de la declaración- estabilidad y asistencia a las comunidades, vías legales y protección, gestión humana de las fronteras, y respuesta de emergencia coordinada- representan lo pertinente que será establecer una colaboración multilateral para responder a este fenómeno transnacional. Dicho esto, los resultados y el éxito de estas medidas dependerán en que cada uno de los países integrantes implementen los compromisos adoptados en la declaración.  Las políticas públicas dirigidas a crear condiciones nacionales que reduzcan el flujo migratorio, tal como la Estrategia de Causas Fundamentales que lanzó la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris en el 2021, la cual buscó alinear los esfuerzos del Gobierno de Estados Unidos para abordar los factores económicos, de gobernabilidad y de seguridad que impulsan la migración desde Centroamérica,  deben ser complementadas. Se requiere también de una estrategia multilateral e innovadora que pueda brindar una mejor calidad de vida y oportunidades a las poblaciones migratorias de la región. 

              Las diásporas latinoamericanas, en distintos países del hemisferio, se encuentran en un periodo de cambio sin precedente. Es necesario que los gobiernos y las poblaciones del hemisferio entiendan estos cambios como parte del desarrollo de la región.  El caso más destacado es el de Colombia, país vecino de Venezuela, que del 2015 al 2022 ha recibido 2,5 millones de venezolanos. Los casos de éxito en relación a la integración económica y cultural de estos migrantes pueden fungir como un modelo para las políticas públicas que desarrollen países como México, que, de acuerdo a la Organización Mundial para las Migraciones, del año 2000 al 2020 registró un aumento del 123% en su población inmigrante.

              Los motivos que impulsaban a los migrantes a salir de sus países de origen hace una década no son los mismos que hoy y es altamente probable que los factores de este fenómeno vuelvan a cambiar en los próximos años. En el 2010, la población migrante en la frontera entre México y Estados Unidos se conformaba principalmente por ciudadanos mexicanos buscando oportunidades económicas o un refugio a la violencia generada por el crimen organizado. En el 2020, antes de que estallara la pandemia por Covid-19, el foco de la migración estaba puesto en el Triángulo Norte, región donde migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras salieron de sus países a consecuencia de una “falta de oportunidades económicas, retos ambientales, y violencia crónica.” En noviembre del 2022, el 63% de los migrantes que se encontraban en la frontera entre México y Estados Unidos eran de países ajenos a México y Centroamérica. Actualmente, las distintas crisis políticas que existen en países como Venezuela y Haití son los principales motores de la migración. Los patrones migratorios seguirán cambiando y las políticas migratorias deben de actualizarse para impulsar un modelo de integración.

              El gobierno de México debe adoptar un enfoque proactivo, centrado en el desarrollo de modelos de integración que respeten los derechos humanos a la educación y al trabajo, independientemente del país de origen o estatus legal de cada migrante. Promover y facilitar la integración de los migrantes en las comunidades receptoras, como lo es Ciudad Juárez, permitirá aprovechar la oportunidad para un mayor desarrollo economico en el país. “De acuerdo con un estudio realizado por economistas del Fondo Monetario Internacional titulado, “Efectos colaterales regionales de la crisis venezolana” el PIB de Colombia, Chile, Ecuador, y Perú – países que han recibido el 69% de los migrantes venezolanos – aumentó entre 1,5% y 2,5% relativo a un escenario sin migración entre 2016 y 2022. Incluso, se espera que aumente entre 2,5 y 4,5 por ciento para 2030.” Si México no aborda este tema con absoluta urgencia, se estará sentenciando a la actual generación migrante a una deficiencia educativa y dependencia económica que se sentirán en la próxima década. Cuando llegue ese momento, será mucho más costoso y complejo para México capitalizar una integración económica y social.